En su obra El laberinto español, Gerald Brenan describe que ya en 1840 "no eran solo los empleos del Estado los que caían dentro de la influencia de los partidos políticos. Los principales intereses industriales de España, estaban muy estrechamente ligados a la política. Y de los políticos dependía el que se considerasen favorablemente sus intereses, mientras que los políticos a su vez dependían de ellos en lo que concierne a puestos en consejos de administración y cargos lucrativos para los miembros de sus familias".
Lamentablemente, 186 años después, en pleno siglo XXI, todo sigue igual. La prórroga de la concesión de ENCE, S.A., así lo demuestra. Y merece una reflexión, al margen de la contestación que proceda ante los tribunales de justicia. Porque ESTA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DE ENCE, S.A., se otorga por el Gobierno en funciones a ENCE Energía y Celulosa, por medio de una resolución que no se ajusta a derecho, es incoherente, arbitraria y está plagada de errores.
Y si la prórroga es un disparate jurídico, no lo es menos la resolución del anterior expediente de caducidad que le da cobertura. Más allá de la mera sospecha, una lectura jurídica de los hechos demuestra que en esta ocasión también los principales intereses industriales están estrechamente ligados a la política y al Gobierno, a exministros y altos cargos del Partido Popular alojados en el Consejo de Administración de ENCE Energía y Celulosa, S.A., y a las prisas por resolver el problema ante la previsible pérdida del poder político tras los comicios del 20 de diciembre de 2015.
Es un escándalo de dimensiones predemocráticas. Conviene recordar que la parcela concesional de Lourizán procede de una orden de Franco en 1958 que más tarde se incluye en un deslinde aprobado por Orden Ministerial de 14 de octubre 1996. ENCE presentó alegaciones al trámite, afirmando que los terrenos que se incluían como dominio público marítimo terrestre ya habían perdido su condición de tales, pero estas alegaciones fueron desestimadas por el Ministerio de Medio Ambiente. La Xunta de Galicia recurrió entonces, ante el Tribunal Supremo, sin éxito. Confirmado pues el deslinde, se ponía en entredicho el futuro de ENCE, ELNOSA, HOLCIM y la propia EDAR de Placeres en su actual emplazamiento más allá del 2018, a pesar de la complicidad de todas las administraciones públicas.
Por su parte, el Concello de Pontevedra, presidido por Fernández Lores, quiere esta parcela urbanizable, pero sin ENCE. Por eso paraliza los trámites del nuevo PXOM y promociona infraestructuras que consolidan los terrenos ganados al mar (nudo de Mollavao, colectores paralelos a la costa, estación elevadora construida en la playa de Placeres, paseo marítimo o la EDAR de Placeres), y permite que Hormigones HOLCIM, ELNOSA y la propia ENCE desarrollen sus actividades industriales (Nocivas y Peligrosas) sin la exigencia de título habilitante o licencia municipal de obras o actividad.
Mientras tanto, la Xunta de Galicia lidera la privatización de ENCE en 2001 para Corporación Caixagalicia y, aparte de subvenciones y autorizaciones de vertidos irregulares, aprueba en diciembre de 2003 un macroproyecto sectorial declarado de incidencia supramunicipal que contempla la ampliación de las instalaciones existentes y la construcción de una planta de papel tisú para tratar de dar carpetazo al tema de ENCE en Pontevedra. Pero no lo hace gratis. En compensación, Caixagalicia dona a la Xunta 420.000 m2. del Monte Gaiás, en Santiago de Compostela, para la "célebre Ciudad de la Cultura". La Xunta de Galicia también se emplea a fondo para justificar la inversión millonaria de fondos FEDER en la irregular EDAR DE PLACERES, construida en terrenos concesionales de ENCE, sin título habilitante alguno, como sucede con su emisario submarino.
Este "trueque" incluye un compromiso: privatizar los terrenos ganados al mar para así consolidar definitivamente el cierre del ciclo industrial. Para ello, el Grupo Empresarial ENCE, S.A., necesita conseguir del Estado la declaración de innecesariedad de la protección del dominio público marítimo-terrestre de la parcela concesional. Pero la oposición de "Salvemos Pontevedra" provoca, el 28 de diciembre de 2006, la denegación, "porque son terrenos ganados al mar, insusceptibles de desafectación al amparo de la Ley de Costas". Esta resolución frena cualquier intento de privatización, ampliación y consolidación del polígono industrial en Lourizán, a la vez que deja en entredicho a la Administración del Estado, que ha venido dando cobertura a numerosas infracciones y delitos ecológicos cometidos en el asentamiento industrial.
En 2004, "Salvemos Pontevedra" pone sobre la mesa de la ministra de Medio Ambiente la Certificación Registral del historial jurídico de las fincas 30.137 y 31.811, en el que no consta ninguna inscripción a nombre del GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A., ni como propietaria, ni como beneficiaria de concesión administrativa para ocupación del dominio público marítimoterrestre en las marismas de Lourizán, Pontevedra. También denuncia la existencia de una planta clandestina de biomasa y lejías negras para producción de energía eléctrica, considerada por la revista "Cinco Días" la número 1 de Galicia, a pesar de que esta industria emite contaminantes que causan enfermedades y muertes. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la quema de madera para generar energía produce 79 contaminantes diferentes asociados a enfermedades respiratorias, cardíacas, malformaciones y cáncer.
Tras los silencios de la Administración del Estado, llega la sentencia de 19 de mayo de 2011 de la Audiencia Nacional que condena al Estado a incoar expediente de caducidad de la concesión otorgada a ENCE, S.A., y a adoptar todas las medidas legalmente contempladas para proceder a la paralización de las actividades y al cierre de las instalaciones, ratificada el 11 de julio de 2014 por el Tribunal Supremo, que desestima "en su integridad" los recursos de casación presentados por el Estado y la empresa.
La sentencia es contundente, pero la oportunidad de contar con un Gobierno amigo, dispuesto a colaborar con la multinacional condenada por delito ecológico y con orden de paralización de actividades y cierre de instalaciones, conduce a la única solución posible: la modificación de la Ley de Costas y la aprobación de la Ley 2/2013, de "protección y uso sostenible del litoral", que permite las prórrogas hasta 75 años y la transmisión intervivos de las concesiones. El resultado es esta singular ejecución de sentencia y su arbitraria conclusión: una prórroga de 50 más 10 años para la concesión otorgada al INI en 1958.
Pero tal como sucede con los "atracos perfectos", siempre queda un cabo suelto que conduce al esclarecimiento de los hechos. Aquí también existe, no uno, sino varios. Y "Salvemos Pontevedra" los utilizará para demostrar, una vez más, que el problema no es ENCE, sino la corrupción instalada en las administraciones públicas, que por acción u omisión dan cobertura a empresas que ponen su interés particular por encima del interés general, con menosprecio del medio ambiente y de la salud de las personas.
Cuando la prepotencia y las prisas se imponen, aumentan los errores, como sucede en este caso, que muestran una vía directa y segura para la anulación de esta resolución de 20 de enero de 2016. Esta vía permitirá retrotraer el procedimiento a la fase de alegaciones, que darán origen a una nueva resolución más ponderada y ajustada a Derecho. Y aquí tiene la palabra la Asociación Pola Defensa Da Ría (APDR), que deberá actuar con más solvencia que cuando lo hizo ante la Audiencia Provincial de Pontevedra en 2002.
Ahora solo tiene que interponer demanda por lo Contencioso Administrativo, ante la Audiencia Nacional, alegar indefensión por habérseles negado irregularmente la condición de interesados en el expediente de la prórroga, y solicitar la anulación de las actuaciones. La APDR tiene a su disposición amplia jurisprudencia (unidad de doctrina) al respecto en las sentencias de "Salvemos Pontevedra", ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo.
"Salvemos Pontevedra" ya ha interpuesto las oportunas acciones judiciales para anular ambas resoluciones.